La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) participa activamente de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Desde la Red se comparte un informe y la declaración surgida del evento que tuvo lugar en La Plata los días 3 y 4 de noviembre. «Nuestras instituciones están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas», señalaron desde la organización.
La complejidad del contexto pos pandemia COVID 19 desnudó las miserias del orden mundial y las enormes desigualdades que produce la “Globalización Económica y Financiera Neoliberal”. La concentración de riquezas en los países centrales, saquea al planeta hasta el punto de hacer peligrar su sustentabilidad material, y distribuye marginalidad y frustración en millones de seres humanos privados de las mínimas condiciones de subsistencia y hasta de la esperanza de poder acceder a ellas. A su vez, las únicas respuestas al desafío que supone una multilateralidad en ascenso, pasan por el disciplinamiento militar y económico (guerras de baja intensidad, bloqueos comerciales, sanciones internacionales, desestabilización interna, persecución judicial y propalación de noticias falsas e idearios intolerantes y/o violentos).
En paralelo a estos procesos, la cultura democrática se encuentra asediada en función de la sacralización del individualismo, los discursos del odio y las prácticas negacionistas. Las y los defensores de derechos humanos son las víctimas predilectas de ataques sistemáticos de los poderes hegemónicos (políticos, económicos, religiosos) que acallan toda voz disonante que, en clave subjetiva, intente rebelarse frente a un estado de situación tan dramáticamente silencioso.
Es en este contexto, que desde la comunidad universitaria –reunida en el Segundo Encuentro Nacional “Derechos Humanos y Educación Superior: desigualdades, derechos y educación superior”, reafirmamos la defensa y el compromiso con la educación en todos sus niveles, entendida como derecho humano, bien público colectivo y estratégico, y condición de posibilidad para garantizar los derechos de los pueblos. Las universidades y otras instituciones de educación reunidas en la ciudad de La Plata, tomamos la palabra, inscribimos nuestras luchas, y sostenemos:
1°- Los principios declarados en Cartagena de Indias en 2008 y que hizo suyos la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2018, en lo que refiere a la “Educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados”.
Principio básico que se sostiene en la existencia de universidades públicas, gratuitas e inclusivas, respetuosas de la libertad de pensamiento, la pluralidad cultural y la autonomía institucional, garantizando la producción de conocimiento social y regionalmente significativo. Es compromiso del Estado garantizar este derecho financiando debidamente a las instituciones universitarias, remunerando con justicia a los/las docentes y trabajadores e implementando políticas de inclusión social. Por ello, celebramos los esfuerzos que se realizan en el marco de la crisis pandémica para sostener y ampliar programas de inversión (infraestructura, nuevas carreras, mejora en las instalaciones) y el fortalecimiento del sistema científico tecnológico. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación porque no se ha logrado revertir la reducción salarial heredada del programa neoliberal de la gestión anterior, ni tampoco los índices de pobreza e indigencia que impiden erradicar las desigualdades para el acceso real al sistema educativo.
2°- El compromiso ineludible con la Democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho, como garantía de respeto a los derechos humanos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales del pueblo.
En ese sentido, bregamos porque nuestra sociedad construya en paz y unidad su propio camino hacia la soberanía política y económica, condición básica para aspirar a una mayor equidad social donde los 47 millones de compatriotas tengan acceso a educación, salud, trabajo digno, vivienda decorosa y oportunidades de progreso social y personal.
Los compromisos financieros para hacer frente a una deuda externa fraudulenta, tomada irresponsablemente por la gestión gubernamental anterior, dificultan esa posibilidad y hacen necesario replantearse las negociaciones internacionales con los acreedores así como la distribución del esfuerzo interno para poder pagarlos. Necesitamos revertir los indicadores de indigencia, pobreza, desempleo, empleo precarizado, salarios y jubilaciones insuficientes, que recibimos como herencia indeseada pero que tampoco hemos sido capaces de revertir en estos años, y que ineludiblemente requieren de una menor concentración de las riquezas. Es fundamental pensar nuestro sistema educativo para un proyecto social, económico y ambientalmente sostenible: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.
3°- La construcción de Memoria constituye un principio educativo y académico fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y socialmente comprometido.
Frente al “negacionismo” promovido desde algunos sectores o el retorno de la “Teoría de los dos Demonios”, la instalación de noticias falsas, y la criminalización de la política, desde el sistema universitario seguimos propiciando ámbitos de debate, educación y producción que abonen a la comprensión histórico-crítica de la realidad nacional y latinoamericana para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia.
4°- La necesidad de consolidar un modelo de universidad público, crítico y comprometido, que: a) abandone lógicas endogámicas y contribuya a fortalecer procesos de transformación social; b) promueva la descolonización de los modelos educativos y culturales, la despatriarcalización de sus prácticas y la desmercantilización de sus lógicas, incorporando enfoques extracéntricos, decoloniales, de género y con sentido humanista, respetando el medioambiente.
Los derechos de las mujeres, las organizaciones sociales, las comunidades originarias y afrodescendientes, las personas con discapacidad, migrantes, los colectivos LGBTIQ, los y las adultos/as mayores, las personas privadas de su libertad y todos aquellos sectores sociales históricamente excluidos, deben ser reconocidos y ejercidos, en pos del reaseguro de una vida digna, poniendo en valor su aporte significativo a la construcción de una sociedad más igualitaria. Para ello, es insoslayable continuar desplegando proyectos y prácticas que profundicen la democratización alcanzada hasta el presente en nuestras instituciones universitarias.
Asimismo, es necesario que repudiemos el atentado terrorista que intentó asesinar a nuestra vicepresidenta, exigiendo al sistema judicial su esclarecimiento tanto en lo que hace al hecho material como a sus filiaciones intelectuales y financieras. Del mismo modo nos pronunciamos en contra de un sistema judicial y político que mantiene recluida en prisión a la activista social Milagro Sala, por reclamar derechos para las mayorías populares en su provincia.
Nos preocupa también la persistencia de sucesos de violencia institucional, protagonizados por las policías provinciales y de CABA; el ensañamiento represivo de la justicia federal y sus fuerzas de seguridad frente a acciones de reclamo protagonizadas por los pueblos originarios ante la usurpación de sus tierras y el avasallamiento de todos sus derechos; la persecución a estudiantes secundarios y sus familiares por organizarse y protestar por mejoras en la dieta y en las instalaciones de sus escuelas; el estancamiento de los procesos de condena en los juicios de lesa humanidad tanto a ex-represores como a cómplices civiles, como las libertades domiciliarias otorgadas a los genocidas.
Abogamos también por una Ley de Medios que democratice el acceso a información fidedigna y el derecho a la comunicación, así como por una reforma del Poder Judicial que garantice la igualdad ante la ley.
Sostenemos que un modelo extractivista orientado al saqueo (agronegocio, monocultivo, hidrocarburos, minería de enclave, depredación del recurso pesquero, contaminación de suelos y fuentes de agua, desmonte, expulsión de población campesina y originaria) con destino a la exportación, sin valor agregado y sin un control estatal efectivo, consolida la pobreza estructural que padece el 40 % de nuestra sociedad. Y resulta el terreno propicio para el crecimiento del narcotráfico, el contrabando, la corrupción institucional, la trata de personas y la fuga de capitales, generando un proceso que pone en tensión el respeto efectivo y la vigencia plena de los derechos humanos.
En 2023 se cumplirán 40 años de la recuperación democrática en nuestro país que aun necesita fortalecerse y en este sentido, las universidades públicas argentinas alentamos y exhortamos a continuar un camino de construcción democrática con justicia e igualdad.
Tal como se concluyó en la CRES 2018, consideramos que “las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”.
Por lo expuesto, este Encuentro Nacional realizado en la Universidad Nacional de La Plata, los días 3 y 4 de Noviembre de 2022 solicita a la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, su adhesión a esta Declaración.