El conflicto que data desde hace 21 años busca llegar a su fin a través de una audiencia de mediación entre las partes intervinientes. En este sentido, el Consejo Superior votó por unanimidad una instrucción en la que se encomendó y autorizó al Rector a realizar las gestiones pertinentes para obtener la seguridad jurídica de los terrenos.
En sesión del Consejo Superior, el abogado Juan Calabria, quien entiende en la causa, expuso el estado del trámite de expropiación en la Municipalidad de Merlo sobre los terrenos en beneficio de la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU).
Calabria explicó que la municipalidad de la Villa de Merlo inició un proceso expropiatorio de siete (7) hectáreas en la zona de Barranca Colorada, cuyo beneficiario era la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para que se construyera en ese lugar la FTU.
La expropiación tuvo su comienzo con una ordenanza del Concejo Deliberante de esa Ciudad en el año 2000 donde abarcaba una extensión de siete (7) hectáreas, pero como pertenecía al antiguo loteo Barranca Colorada, afectó a 90 lotes que ya estaban vendidos a particulares, a empresas, a distintos intereses.
Esta particularidad de 90 demandados por expropiación ha llevado a una situación donde el juicio ha demorado 21 años, 16 de ellos en notificar a los 90 afectados que estaban distribuidos por todo el país y que habían comprado lotes en esa zona. Sumado a eso, distintas situaciones jurídicas en el expediente han llevado que a 21 años aún no se ha podido resolver el tema de la expropiación.
El Abogado explicó también que cuando cualquier Estado inicia un proceso de expropiación, si se trata de una expropiación urgente que tiene que tomar posesión inmediatamente de lo que está expropiando, debe pagar un 30% del valor estimado de la expropiación. En esos momentos, la municipalidad de la Ciudad pagó un monto menor al que correspondía al predio de las siete (7) hectáreas, es por ello que la Universidad solamente pudo tomar la posesión de aproximadamente una (1) hectárea que es donde actualmente está construida una parte de la Facultad (posada sobre un espacio verde).
Ante esta situación, la Jueza interviniente llamó a una audiencia de conciliación donde las partes están dispuesta a ceder (porque la situación no es la misma que hace 21 años, ya que los terrenos han adquirido valor, existen construcciones de viviendas privadas, etc.) para tratar de corregir todas las situaciones de hecho que se han dado con un largo proceso judicial de 21 años.
De esta manera, la Municipalidad achicaría su expectativa expropiatoria y desafectaría muchos lotes de los particulares que más resistencia están haciendo en los expedientes y se realizaría una nueva ordenanza del Concejo Deliberante donde no solo la UNSL se quede con lo que actualmente está poseyendo, sino que se ha logrado una (1) hectárea más que se extendería para el lado del arrollo. Actualmente lo que está en negociación es que esa hectárea nueva no afecte lotes de personas que no se presentaron al juicio de expropiación.
«Lo que pretendemos es que todas las partes cedan. Los privados cedan y la Municipalidad logre una modificación de la ordenanza para adaptar a un territorio más chico y sea más factible que la sentencia cumpla el objetivo», remarcó Calabria y agregó que: «recibimos el mandato del Consejo Superior para dejarnos las manos libres para solucionar el problema de la mejor forma y que la Universidad obtenga más ventaja con menos conflictividad».
El Rector expuso que en una intención de otorgar pero que no estuvo acompañada de la acción correspondiente, la UNSL quedó en medio de un conflicto que detiene el crecimiento de la Universidad y de la Facultad. «Es razón de la universidad buscar previsibilidad y seguridad jurídica porque hay un común denominador de los últimos 21 años, que es el tender o creer que uno tiene algo que no posee», dijo.
Además agregó que con la mediación y buena voluntad, se busca llegar a un acuerdo en donde la Universidad claramente se quede con el doble de lo que hoy tiene, arregle esta cuestión de posarse actualmente en una plaza, termine dando seguridad jurídica y disponga finalmente de espacios.
La decana normalizadora de la FTU, Dra. Liliana Mentasty expuso que existe una necesidad de la Facultad de poder expandirse y contar con más aulas y boxes para docentes, y que si la UNSL logra tener una seguridad jurídica sobre los terrenos, será fundamental para lograrlo.«Si se llega a concretar creo que es un gran aliciente para la Facultad», dijo. También anunció en sesión que la familia Romero de la Villa de Merlo cedió para la Facultad seis (6) hectáreas en cercanías al Algarrobo Abuelo.
Para conocer más sobre el tema ingresá a la sesión del Consejo Superior del día martes 16 de noviembre (1:21:22).
Fuente consultada: Consejo Superior y entrevista a Calabria en Sólo un café